Comenzamos la semana con el dato de que casi el 40% del salario de los españoles se destina al pago de impuestos y a la Seguridad Social, dato que, aunque puede parecer elevado, se encuentra dentro de la media de la OCDE y por debajo de los países de nuestro entorno (Alemania [49,7%], Italia [47,7%] o Francia [47,6%]).
El martes conocimos una sentencia que reabre el debate sobre la nulidad de un tipo de cláusulas en los préstamos hipotecarios, 
al saber que la Audiencia de Las Palmas anula la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios al entender que no se percibe como correspondientes a servicio o gasto real y efectivo alguno, y además tampoco es una actividad inherente a la propia de su negocio bancario.
La sentencia, que establece la doctrina de la Sala a la espera que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre este tipo de cláusulas, reitera también que el banco debe pagar la totalidad de los gastos de notario, del Registro de la Propiedad, de la Gestoría y de la tasación del inmueble, el banco y el cliente pagan por mitad los gastos del timbre que se incluyen en la factura del notario y el cliente prestatario es quien debe abonar el impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Esta semana también se ha celebrado el juicio contra los acusados por falsificar peonadas en Jaén, procesadas por simular jornales de trabajo para poder acceder al subsidio del campo y defraudando más de 105.800 euros a las arcas de la Seguridad Social, con penas de prisión de hasta 3 años según ha solicitado la Abogacía del Estado.
Es interesante conocer cómo la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo han conseguido investigar dicho fraude, dado que el mismo se hizo mediante un cruce de datos al observar que había jornaleros que estaban dados de alta en días en los que sus patrones no llevaron ni un kilo de aceituna a la almazara.
Por último esta semana conocimos también una nueva condena a una entidad bancaria a devolver 115.000 por una hipoteca multidivisa, un tipo de préstamo hipotecario que ya ha sido anulado por el Tribunal Supremo al considerar que las entidades bancarias incumplieron los deberes de información y comunicación al comercializar este tipo de operaciones a personas que no tenían la capacidad suficiente de entender cómo operaban.