Conocer de primera mano el amplio abanico de herramientas y recursos con los que cuentan para llevar a cabo su labor, a la vez que un pelín de envidia, me da que pensar sobre qué es lo que verdaderamente necesitaría nuestro sistema judicial para dar un salto de eficiencia; sobre todo a raíz del paquete de medidas que ha propuesto el Consejo General del Poder Judicial para agilizar nuestros juzgados y tribunales a raíz de la crisis del COVID-19.
Obviando los motivos del abandono secular de la Justicia, que darían para varias tesis doctorales, me permito la vanidad de aportar una solución rápida y que no requiere demasiado desarrollo normativo: copiar lo que funciona de la administración tributaria. Sobre todo lo relativo a dos aspectos que considero imprescindibles: el control del presupuesto y el departamento propio de informática.
El primero de los aspectos a copiar, el presupuestario, supondría unificar todo el gasto de la administración judicial (salarios, sedes, material, suministros, actividad forense, etc…) en un único presupuesto gestionado directamente por el CGPJ y sometida a la fiscalización del Tribunal de Cuentas (a semejanza del Tribunal Constitucional. Pero además de esta unificación del gasto, sería igualmente necesaria una gestión integral de los recursos que se generaran en el ámbito judicial (multas, fianzas, decomisos e intereses financieros), a través de una división financiera dentro del Poder Judicial unificada y de carácter público. De este modo daríamos cumplimiento a la voluntad constitucional de establecer un sistema judicial independiente del legislativo y el ejecutivo.
El segundo espejo en el que la administración judicial debe mirarse frente a la tributaria es el de dotarse de un Departamento de Informática propio, a fin de desarrollar en su seno todas las aplicaciones judiciales en exclusiva. Esto supondría una menor exposición y vulnerabilidad ante ciberataques externos (recordemos los sonados fallos de seguridad de los que el sistema Lexnet adolece) así como la adaptación de las herramientas a las nuevas necesidades que puedan necesitar los operadores jurídicos a través de un canal de incidencias interno, mejorando sustancialmente la usabilidad y la experiencia de las herramientas y reduciendo tiempos de gestión de los expedientes.
La Justicia es pues, el patito feo de la Administración, lleva tiempo pidiendo simplemente una equiparación, no ser más pero tampoco menos que el resto de áreas públicas en las que hace mucho tiempo se trabaja con conceptos como “expedientes digital” o “papel cero”; ofreciendo una cercanía al usuario a través de medios digitales que se ha probado son más baratos, más eficaces y más útiles para el fin que persiguen.