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¿Me pueden despedir del trabajo por el coronavirus?

Actualización 28/3/2020 – El Ministerio de Trabajo prohibe los despidos justificados en la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción ocasionadas por el Coronavirus COVID-19

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy sábado 28 de marzo de 2020 el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 2, ningún empleador podrá despedir utilizando como causa justificativa del mismo la fuerza mayor o las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción que sí se permiten para la suspensión de contratos o para la reducción de jornadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Artículo 2. Medidas extraordinarias para la protección del empleo.
La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Esto supone que, aunque en principio toda rescisión de contrato tendrá la consideración de improcedente (con una indemnización de 33 días por año trabajado). Ahora bien, lo que se ha restringido son los despidos que aleguen el estado de alarma como causa, alegando que en la empresa existen dificultades económicas; puesto que en este caso será el ERTE la figura correcta a aplicar a sus empleados, sin necesidad de extinguir el contrato.

Ahora bien, que no puedan aplicarse despidos basados en causas económicas, nada impide que la empresa pueda llevar a cabo un despido improcedente o disciplinario. En estos casos, y sobre todo en trabajadores con poca antigüedad, la diferencia en el importe de una indemnización por despido improcedente (33 días por año) varía tan poco de la de un despido por causas objetivas (20 días por año), que la protección resulta casi inexistente.

IMPORTANTE: En todo caso, esta medida no afecta a los trabajadores despedidos antes del 28 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto.

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