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¿Para qué sirven los abogados del estado?

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La abogacía del Estado se puede definir como el cuerpo jurídico de la Administración Pública y su función viene recogida en el artículo 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al establecer que son los encargados de la representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos ante los Tribunales en cualquier tipo de pleito en los que éstos intervengan como parte.

De la misma manera que un particular o una empresa acude a un abogado para asesorarse y defender sus intereses, las Administraciones Públicas hacen lo mismo, acudiendo a este servicio especializado. Así pueden actuar como acusación particular en los procesos penales cuando el Estado resulta perjudicado en un proceso (por ejemplo en los procedimientos penales por los atentados del 11-M o el caso Prestige) o también pueden acudir como defensores del Estado o cualquiera de sus funcionarios que sean acusados por los hechos cometidos en su ejercicio.

Igualmente serán partícipes en procedimientos tan diversos como concursos de acreedores (en casos que la Hacienda Pública sea acreedora), en expedientes de extranjería o la representación del Reino de España ante los tribunales internacionales o extranjeros.

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