Recientemente se ha producido un gran revuelo a raíz de una Sentencia, relativa a la interpretación que habría que dar al artículo 7.h) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 Dicho artículo establece que estarán exentas de tributación en este impuesto:

 h) […] Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.

Este último inciso introducido en la Ley de “También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.” es el que hizo que en año 2.013 la Agencia Tributaria emitiese una Nota Informativa mediante la cual comunicaba que la prestación por maternidad concedida por la Seguridad Social no se consideraba exenta, por lo que se  debía tributar por ella.

Pues bien, el Tribunal en la Sentencia antes citada, sobre la que es necesario precisar que sólo resuelve un caso concreto y que no genera jurisprudencia, por tanto susceptible de ser un criterio rechazado o aclarado por el Tribunal Supremo, ha considerado que la prestación por maternidad concedida por la Seguridad Social está exenta, ya que aunque expresamente no se mencione en los supuestos recogidos por la Ley del IRPF, se considera que las prestaciones por maternidad se encuentran comprendidas dentro de las de nacimiento, parto múltiple, etc… sin distinguir la procedencia o el organismo que las conceda.

Así, el Tribunal entiende que, según se recoge en la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, que modificó la ley que regulaba el IRPF  y que incluyó por primera vez la exención en cuestión; así como las posteriores reformas de 2004 y 2006, ya se referían expresamente a la prestación por maternidad, de manera que a juicio del Tribunal se trata de garantizar la exención de todas las prestaciones de maternidad, con independencia del órgano que las conceda.

¿Las consecuencias? Con las cautelas que supone un pronunciamiento judicial que no es extrapolable a la generalidad de los casos, ya que únicamente resuelve un caso concreto; supone un primer paso  y una base argumental relativamente sólida para abrir dos vías de actuación: en primer lugar la solicitud de devolución del exceso de IRPF a todos aquellos que no les hayan permitido aplicarse la exención durante los ejercicios de 2.012 a 2.015; así como la posibilidad de aplicar esta exención en los futuros ejercicios.

Si deseas, puedes consultar tu caso sin ningún compromiso a través de nuestro formulario de contacto.

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